Monday, May 1, 2017

COMUNICADO DEL FRENTE INSTITUCIONAL MILITAR DE VENEZUELA

 
Caracas, 1de mayo, 2017
Nosotros, los abajo firmantes, militares integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), nos dirigimos a nuestros compañeros de las cuatro componentes que constitucionalmente conforman la Fuerza Armada Nacional, en este momento crucial de la vida de la nación en razón a la crisis que en todos los órdenes le aqueja, para solicitarles que apliquen los principios y mandamientos constitucionales, que están por encima de cualquier otra norma legal, y que en nuestra condición de militares rigen la conducta ciudadana a la que debemos ajustar el cumplimiento de nuestras funciones y que están ampliamente expuestos en los artículos 7, 19, 44, 45, 46, 53, 55, 68, y 328 al 330 de nuestra Carta Magna.

Queremos recordarles que los artículos mencionados establecen entre otros los derechos inalienables de los ciudadanos: a expresar su opinión sin limitación alguna, de ser respetados y tratados con dignidad por miembros de la fuerza pública, de no ser arrestados ni detenidos sin orden judicial a menos que se les capture en flagrancia al cometer un delito estipulando que ni protestar ni reunirse es delito, de inviolabilidad de sus hogares y de todo recinto privado, etc., a la vez que prohíben explícitamente la violencia y el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas por parte de las fuerzas del orden público, estableciendo la imputabilidad penal para quienes violen tales derechos y ordenan al estamento militar apartarse de toda militancia política y mantenerse al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

Nuestro país también es firmante del Estatuto de Roma, y en el mismo se establece la imputabilidad penal a todo funcionario que atente contra la dignidad del ser humano o emplee violencia, armas o tóxicos contra la ciudadanía y califican esa conducta como delitos enjuiciables por la Corte Penal Internacional que no prescriben con el tiempo ni el lugar donde se cometieron. Asimismo establece que son individualmente responsables tanto los jefes de las unidades como sus subordinados por las infracciones legales, definidas en el mismo, que se cometan en la represión y agresión a la ciudadanía.

Ya la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República calificó el delito de ruptura del orden constitucional por parte de los magistrados nombrados con clara violación a las condiciones establecidas en el artículo 263 de la Constitución de la República, y el pueblo, en cumplimiento de lo establecido en su artículo 333, está manifestando abierta y claramente para que se restablezca su vigencia. No es legal, por tanto, la represión injusta, agresiva y desmedida con la que oficiales y guardias nacionales actúan en contra de ese pueblo y tanto los que los dirigen como los ejecutores se convierten en transgresores de la Ley, violando su juramento de servir y defender la patria e incurriendo en responsabilidad penal imprescriptible ante la justicia penal nacional e internacional.

En razón a los argumentos expuestos en este comunicado, exhortamos a los Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos, a los sargentos, clases y guardias nacionales de nuestra Fuerza Armada Nacional a apegarse a las leyes y ordenamiento jurídico que indica que “el subalterno no está obligado a cumplir órdenes que violenten el ordenamiento legal vigente”, que denuncien instrucciones y órdenes que reciban con la intención de agraviar y lesionar a un pueblo que actúa en consonancia con su deber de colaborar en el restablecimiento del orden constitucional violado según el Art. 333 antes citado y que hagan suyas las palabras de nuestro Libertador Simón Bolívar cuando dijo: “Maldito el soldado que vuelva las armas de la República contra su pueblo”

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