El régimen rompe su acuerdo con España y la Iglesia y confisca la casa de un deportado
DIARIO DE CUBA
Madrid, 11-05-2011
También impide el regreso a la Isla de dos ancianos que acompañaron a ex presos políticos en su viaje a España.
El régimen ha roto su acuerdo con el gobierno español y la Iglesia Católica al confiscar la casa del ex preso Juan Francisco Marimón, además de impedir el regreso a la Isla de dos ancianos.
Marimón vivía en la calle Maceo, número 17, reparto El Jardín, San Luis, Pinar del Rio. Fue excarcelado en octubre de 2010, como parte de la negociación entre La Habana, Madrid y la Iglesia Católica.
Sus familiares en San Luis han debido abandonar la vivienda por decisión del Gobierno, que ya la ha "asignado" a otras personas, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El organismo, con sede en Madrid, también señaló que el régimen impide el regreso a la Isla de dos ancianos que acompañaron a ex presos en su viaje a España.
Se trata de Catalina Cano Vergara, de 83 años de edad, y Leonel Grave de Peralta Díaz, de 63, quienes hicieron gestiones ante la Embajada de Cuba en España para retornar a su país.
El Gobierno les ha negado a ambos el permiso de entrada, denunció el OCDH.
DIARIO DE CUBA tuvo acceso a una copia del pasaporte de Catalina Cano Vergara, en el que las autoridades consulares estamparon el sello de "Anulado" sobre el permiso de entrada y salida.
"El Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la reiterada violación del gobierno cubano al compromiso contraído con los familiares de los ex prisioneros políticos cubanos acogidos en España, en lo concerniente a su derecho a regresar a su patria", señaló un comunicado.
Unas nueve personas acogidas por el gobierno español han mostrado su deseo de regresar a la Isla. Todas son familiares de ex presos.
En julio de 2010, el entonces canciller español, Miguel Ángel Moratinos, dijo que el acuerdo con La Habana estipulaba que los familiares de los presos podrían regresar a Cuba libremente y no perderían sus viviendas o propiedades, mientras que los ex reclusos deberían obtener una autorización para volver.
El OCDH recordó que "la posibilidad de retorno y el respeto a sus propiedades, más que un compromiso entre las partes, son derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
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