Tribunal cubano escucha demanda presentada por un abogado disidente
By JUAN O. TAMAYO
En un caso legal sin precedente para el gobierno cubano, un tribunal de apelaciones de La Habana ha escuchado argumentos orales en una demanda presentada por un abogado disidente contra el ministro de Justicia.``Contrariamente a lo que yo esperaba, la corte admitió la demanda y tuvimos una vista el 21 de enero'', dijo el abogado Wilfredo Vallín, que presentó la atrevida demanda hace dos años.
El Tribunal Supremo Popular de La Habana está obligado a tomar una decisión sobre la apelación antes del 9 de febrero, aunque Vallín señaló que, incluso si falla a su favor, no es optimista sobre el resultado a largo plazo de la batalla legal.
El sistema legal de Cuba, controlado por el gobernante Partido Comunista, nunca antes se ha puesto de parte de un ciudadano que desafíe al gobierno, según el abogado habanero de 63 años.
La demanda de Vallín no es precisamente radical: el abogado quiere que el ministro de Justicia responda a su petición de inscribir legalmente la Asociación Jurídica Cubana (AJC), un grupo de unos 30 abogados disidentes e independientes que ofrecen consultoría legal gratuita, la mayoría de las veces a críticos del gobierno.
Los abogados cubanos sólo pueden trabajar para el gobierno, o para los bufetes colectivos aprobados por el gobierno, que por lo general no defienden a críticos del sistema ni se hacen cargo de casos que puedan disgustar a los funcionarios cubanos.
Vallín dio el primer paso para registrar la AJC en el 2009, pidiéndole al Ministerio de Justicia que certificara que ningún otro grupo estaba usando el mismo nombre. Si la respuesta fuera no, él podría entonces solicitar una inscripción legal.
El Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia nunca reconoce legalmente a las organizaciones disidentes, y usualmente no responde las solicitudes de certificaciones de que ningún otro grupo está usando los mismos nombres. Los funcionarios del registro tampoco respondieron la solicitud de Vallín. Pero a diferencia de otros que dejaron el pedido en ese punto, él presentó una segunda solicitud, y --tras otro silencio-- apeló a la ministra de Justicia, María Esther Reus González.
Reus tampoco respondió, y Vallín presentó una demanda ante el Tribunal Provincial de La Habana como ciudadano privado, aduciendo que la Ley de Procedimientos Civiles, Administrativos y Laborales de Cuba exige que Reus responda a su apelación.
Para su sorpresa, un panel de tres jueces no sólo aceptó los documentos en que exponía sus argumentos, sino que el 28 de julio del 2010 le ordenó a Reus que nombrara abogados para que la defendieran.
El panel después desestimó su caso por ``supuestos errores de procedimiento'', pero Vallín apeló al Tribunal Supremo Popular el 22 de noviembre, y otra vez resultó sorprendido cuando el tribunal aceptó sus alegatos y fijó una audiencia para el 21 de enero.
La audiencia duró 20 minutos y se hizo a puertas cerradas. Todos los otros casos programados para ese día en ese edificio fueron pospuestos, añadió, aparentemente para mantener el caso en secreto.
Los medios informativos oficiales de Cuba no han informado del caso, y hasta ahora sus detalles han sido hechos públicos principalmente en blogs de la isla, entre ellos Las Leyes de Laritza, escrito por Laritza Diversent, miembro de la AJC.
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