*Por Mijail Bonito Lovio
Veintiséis enfermos mentales del Hospital Psiquiátrico de la Habana, más conocido como Mazorra, murieron de hambre y frío en la madrugada del 12 de enero de 2010. Los medios oficiales cubanos ocultaron la noticia hasta que decenas de blogs de periodistas independientes, publicaron fotografías de los cuerpos famélicos, con colgajos de piel y ojos hundidos en sus órbitas. Algunos cuerpos con señales de maltratos.
La Prensa Oficial cubana publicó entonces una información del Ministerio de Salud que, en apenas 15 líneas, comunicaba a la población que “debido a las bajas temperaturas (hasta 3,6º centígrados) y factores de riesgo de los pacientes, ha aumentado la mortalidad en dicho hospital…”.
Acto seguido, mencionaban la intervención de los Tribunales de Justicia por deficiencias relacionadas con la no adopción oportuna de medidas. Este fue el estilo gubernamental de comunicar los hechos del hospital Mazorra.
Un vertedero de orates, famélicos, desnutridos hasta el grado máximo, con heridas sin suturar, macilentos, sucios y totalmente desnudos. Muertos de hambre y frío con los brazos cruzados sobre el pecho, buscando protegerse, apilados unos sobre otros, como un montón de basura humana, en el Hospital insignia de la Siquiatría de una Potencia Médica Mundial. Muertes que son resumidas, por obra y gracia del eufemismo periodístico oficial, en un simple “aumento de la mortalidad”.
Hace unos días y nuevamente obligadas, porque la blogosfera independiente todo lo sabe y lo difunde, las autoridades cubanas han emitido un comunicado donde anuncian las sanciones penales de hasta 15 años por los delitos de Abandono de Incapacitados y Desválidos y Malversación contra quince funcionarios del Hospital, entre personal médico directivo y de
servicios.
Dicho juicio, contrario a lo que señalan las leyes cubanas, no fue público. Militares en uniforme verde olivo y lista en mano, decidieron que sólo ingresaran familiares de los acusados. Nadie ajeno tuvo el derecho de asistir, nadie de la oposición lo pudo presenciar y no sabemos si algún familiar de los fallecidos estuvo en la lista de asistentes.
De los delitos sancionados se desprende que los fallecimientos se produjeron porque los médicos, el Director del Hospital, los Subdirectores y parte importante del personal hurtaron o permitieron que fueran hurtados los productos con los que debían ser alimentados y vestidos los pacientes; no por “factores de riesgos” de los pacientes como enuncia el primer
comunicado oficial. Básicamente todo era robado por los empleados y los jefes sin distinción, al punto que llegaron a matar de hambre y abandono a aquellos que juraron proteger y curar.
¿Qué debe pasar para que médicos irrespeten su juramento profesional y abandonen a los pacientes a su suerte? ¿Qué imperiosa necesidad tenían los empleados del Hospital Mazorra para robar la comida y ropa de abrigo de sus enfermos? ¿En qué momento en dicho hospital los enfermos dejaron de ser prioridad? ¿Cómo ninguna autoridad cubana supo de la situación de desamparo y hambruna de sus pacientes?
No hay en la lista de sancionados un solo cargo político relevante. El gobierno de la Habana lo ha vuelto a hacer. Ha bajado el perfil a los hechos a tal punto, que las responsabilidades políticas no son mencionadas a ningún nivel. La irresponsabilidad de la cúpula dirigente brilla con luz propia en la carne inerte de veintiséis desvalidos.
Raúl Castro, en su último discurso criticó duramente la falta de información y la censura gubernamental. No sirvió de nada. El pueblo cubano leyó la noticia oficial de las muertes días después y como resultado de haberse enterado previamente de boca en boca.
Los sistemas políticos y los gobiernos no tienen honor. Los fallecidos de hambre y frío, apilados, sucios de sus propias heces y abandonados a su suerte, son quienes merecen esa consideración. Han sido víctimas de un sistema que hoy condena al cocinero pero es incapaz de mencionar a los responsables políticos de la tragedia, cuyo máximo exponente es José Ramón Balaguer, miembro de la generación histórica de la Revolución y Ministro de Salud al momento de las defunciones.
La responsabilidad penal solo puede ser exigida a personas naturales pero la civil es exigible a personas jurídicas. El Estado debe responder a los familiares de los fallecidos, pues estos últimos estaban bajo el cuidado de funcionarios que les abandonaron con resultado de muerte. ¿Qué pasaría si los familiares de las víctimas se unen en una demanda de indemnización de daños frente al Estado? ¿Reconocerá su responsabilidad el Estado Revolucionario Cubano e indemnizará el daño causado? ¿Permitirá el Gobierno que un tribunal acoja una demanda de esta naturaleza?
Los familiares de la víctimas no han recibido ninguna explicación. Solamente han sido visitados por personeros gubernamentales para advertirles de no hablar con periodistas extranjeros, pues son contrarrevolucionarios que tratan de desacreditar a Cuba, como señala Ravsberg, Corresponsal de la BBC en la Habana.
(Sigue)
0 comments:
Post a Comment