Desafíos de la nación cubana (II)
El "remedio" al problema de la alimentación
Dr. Darsi Ferrer, preso de conciencia
1 de junio de 2010
Prisión de Valle Grande, La Habana, Cuba – www.PayoLibre.com – Los voceros del régimen anuncian con bombos y platillos la aplicación de medidas ¨salvadoras¨, que están sobradamente probados sus fracasos a través de la historia y no se ajustan al contexto de la actualidad mundial globalizada.
La alimentación es uno de los problemas que más golpea a la población. Hay en todo el territorio del archipiélago una grave carencia de alimentos y los precios de esos productos son excesivamente caros, al tomar en cuenta el salario promedio de los trabajadores. Una calabaza o cuatro plátanos cuestan en el mercado lo que gana un médico en un día de labor profesional.
En Cuba no hay zona desértica ni nieva en ninguna época del año. Toda la tierra cultivable del país es productiva, de la que el Estado es el propietario de cerca del 80 por ciento, y más de la mitad la tiene en desuso, sin rendir provecho. El gobierno importa más del 70 por ciento de los productos agroalimentarios que consume la población, y gasta miles de millones de dólares al año en esas operaciones.
Urge recordar que dentro de las razones que impulsó el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, en 1959, cuenta la promesa de materializar una reforma agraria, nunca cumplida.
No se requiere de conocimientos especializados para comprender que, tal y como funciona la agricultura en todas partes, la solución del drama alimentario surge de la entrega de tierras a los campesinos en título de propiedad, acompañada de la liberalización de las actividades agrícolas; entiéndase la producción, distribución y comercialización de los productos. Está el ejemplo demostrativo de los agricultores privados, una minoría de apenas un 18 por ciento, que produce alrededor del 80 por ciento de los alimentos que se obtienen en la agricultura nacional, aún con las limitaciones que impone el férreo control estatal en todas las actividades del sector.
Las autoridades del gobierno reconocen entre dientes que el proceso de entrega de tierras en usufructo que ellos sostienen marcha mal, plagado de deficiencias y de un burocratismo en extremo perjudicial.
Declaran que en el transcurso de tres años sólo han atendido la mitad de las solicitudes de tierras ociosas. Son frecuentes las quejas de los interesados por las irregularidades durante la interminable tramitación. Además de las protestas y reclamaciones por los casos de violaciones, ilegalidades y el descontrol en el manejo de los contratos. En esa actividad la corrupción de los funcionarios estatales está enraizada a todos los niveles de la estructura burocrática.
Quienes optan por un pedazo de tierra con marabú deben satisfacer determinados requisitos establecidos de modo tácito, entre ellos, ser incondicionales al gobierno y preferiblemente militantes del partido comunista y desmovilizados del Ministerio del Interior. Lo que menos importa es el deseo y la capacidad de los aspirantes de labrar la tierra y hacerla producir.
Cada solicitante del contrato es evaluado por distintas comisiones gubernamentales encargadas de dar el visto bueno, como los factores de la comunidad, el poder popular, la agricultura, el partido comunista y otras asociaciones de masas. A su vez, esas organizaciones tienen instancias burocráticas en las diferentes zonas, municipios y provincias de que se trate la solicitud.
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(I) La miseria crónica crece
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