Saturday, June 23, 2018

Y TAMBIÉN ESTÁ TEMBLANDO...

Fuerte sismo de 5.0 (Funvisis) con epicentro en Sucre se sintió hasta en Trinidad


Un fuerte sismo de 5.0 grados de magnitud se registró en Irapa, estado Sucre, este viernes 22 de junio a las 10 pm de la noche, según la cuenta oficial de Funvisis en Twitter.
El movimiento telúrico que se sintió en los estados Monagas, Sucre, Bolívar y Anzoátegui, también fue sentido en Trinidad y Tobago, país cercano a las costas venezolanas.
Reportes actualizados de American Earthquakes afirman que la magnitud del mismo habría 5.5 grados y la profundidad de tan solo 15 km.
No hay reportes, hasta ahora, de heridos o daño alguno.

DIOS MÍO, A LO QUE SE HA LLEGADO EN VENEZUELA, CARICATURA


LA ONU PIDE A LA CORTE INTERNACIONAL ACTUAL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL GOBIERNO DE MADURO



Arresto de un manifestante en Venezuela. (EFE)
 
Los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI) para identificar a los culpables y otorgar Justicia a las víctimas, advirtió este viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reporta EFE.
En su segundo informe a distancia —las autoridades venezolanas le deniegan el acceso al país— sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, el organismo denunció cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.
"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia", afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, en un comunicado.
En febrero de este año, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para analizar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas y la agitación política de abril a julio de 2017.
La Oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las protestas y en breve entregará el presentado este viernes. En función de acuerdos preestablecidos, dará más información y contactos si así le fuera requerido.
"Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones arbitrarias o casos de torturas, han sido sistemáticas y que se repiten en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo", afirmó en declaraciones a EFE uno de los autores del texto, Carlos de la Torre.
El investigador agregó que otra revelación clara del estudio ha sido la "falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la Justicia del propio país".Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas por parte de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los "criminales" sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
La Fiscalía inició 373 investigaciones, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna.
En el informe se denuncia también la aparente "impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017".
De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.
Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o que el Gobierno clasifica como amenaza, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018.
Y, hasta la fecha, aún hay 280 personas "arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno".
Además, el informe documenta unos 90 casos de detenidos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que "en muchos casos puede llegar a constituir tortura".
Esos actos comprendieron descargas eléctricas, golpes con tubos de metal y bates de béisbol, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua.
En el texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de "ignorar" su dimensión.
"En el informe determinamos que hubo unas políticas sociales y económicas que desencadenaron esta situación. Pero además hay una inacción de las autoridades en mitigar el impacto de esas políticas, por lo que hay una clara responsabilidad del Estado por haber generado una situación y por no mitigarla", subrayó De la Torre.
En marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica.
Según cifras citadas en el informe, el 87% de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2% se encuentra en situación de pobreza extrema y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.
"Cuando una caja de leche materna cuesta más que dos veces el salario mínimo y protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel, la extrema injusticia se manifiesta con toda su violencia", concluyó Zeid.

IVÁN DUQUE NO ENVIARÁ EMBAJADOR A VENEZUELA



El nuevo presidente colombiano tampoco reconocerá las pasadas elecciones

 El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que cuando llegue a la Casa de Nariño, el próximo mes de agosto, no reconocerá las elecciones venezolanas del pasado 20 de mayo y no enviará representantes diplomáticos al país vecino.
De acuerdo a una nota publicada en Diario de las Américas, Duque expresó que “en este momento y ante el desconocimiento que han hecho varios países de América Latina, entre ellos el Gobierno colombiano, frente a las elecciones, no reconocemos los resultados de esos comicios, pues es muy difícil para nosotros en este momento ser incoherentes”.
Duque también dijo que abogará entre los demás países de América Latina la defensa de la Carta Democrática en el caso de Venezuela y buscará una acción multilateral y articulada para ejercer presión sobre el régimen venezolano que conduzca a elecciones libres en ese país.
Iván Duque, quien ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones de Colombia sobre el izquierdista Gustavo Petro, agregó que aunque no aceptará enviar representación diplomática, se mantendrán las actividades consulares como parte del protocolo del derecho internacional, en pos de manejar los temas migratorios.

NOTA DE PRENSA #2: SOS PARA PERIODISTAS DE ICLEP EN LA ISLA

NOTA DE PRENSA #2: SOS, continúa ola represiva contra periodistas del ICLEP


Si la Policía Política fue capaz de arrestarlo violentamente delante de todo el mundo al introducirlo a empujones dentro de un auto, que no le pudieran hacer mientras lo mantienen aislado


 SOS, continúa ola represiva contra periodistas del ICLEP
  • El Periodista y director administrativo del ICLEP, Alberto Castaño continúa arrestado bajo investigación.
  • Periodistas son citados y amenazados de prisión y acusados de mercenarios y desorden público por repartir periódicos a la población.
Junio 22, 2018
Redacción ICLEP- La Policía Política cubana mantiene bajo arresto en el Departamento Técnico de Investigaciones de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, al director administrativo del ICLEP Alberto Castaño Echenique, desde el pasado martes 19 del presente mes.
“Alberto puede permanecer hasta 96 horas bajo investigación”, informaron a la esposa del periodista el instructor policial nombrado Jesús y el oficial de la Policía Política que se hace llamar Jonhatan, sin que ofrecieran detalles sobre qué supuesto se le investiga ni las condiciones físicas y mentales en las que se encuentra.
“Estamos muy preocupados por las condiciones en las que pudiera encontrarse Alberto. Si la Policía Política fue capaz de arrestarlo violentamente delante de todo el mundo al introducirlo a empujones dentro de un auto, qué no le pudieran hacer mientras lo mantienen aislado”, expreso la esposa del periodista.
El director administrativo del ICLEP fue víctima de un aparatoso allanamiento a su domicilio y al domicilio de su Sr. padre por parte de fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigadas Especiales y oficiales de la Policía Política quienes rodearon su vivienda y penetraron a la fuerza para decomisar medios de producción periodística y llevarse detenidos a la directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Maisleydis Sierra, quien fue puesta en libertad horas más tarde y a su esposo Alberto Castaño quien aún permanece arrestado.
También el pasado martes 19, los oficiales de la Policía Política conocidos por Bruno y Yasel allanaron el domicilio de la editora de El Majadero de Artemisa, Mabel Páes, en busca de medios de oficina, computadoras e impresoras, llevándose detenida a la periodista quien permaneció arrestada hasta las 7:00 pm del siguiente día.
“Durante todo el tiempo que estuve detenida no me dieron alimentos y los interrogatorios estaban encaminados en conocer donde se encontraban los equipos con lo que editamos, diseñamos e imprimimos el periódico EL Majadero de Artemisa”, informó la periodista quién, también, fue amenazada con ser acusada de difusión de noticia falsa y de recibir dinero mercenario.
Arodis Pelicie y Marinavis Matos son otras dos periodistas que fueron arrestadas el martes 19 y liberadas a las 8:00 pm del miércoles 20.
“A las periodistas Pelicie y Matos le levantaron actas de advertencias por un supuesto delito de desorden público”, informó el director ejecutivo del ICLEP Alberto Corzo, quien confirmó que el oficial de la Policía Política que se nombra Oscar, les decomisó a las periodistas 200 ejemplares del periódico El Majadero de Artemisa, mientras lo distribuían en la parada de ómnibus ubicada en Carretera Central y Avenida 31, municipio San Cristóbal, provincia Artemisa.
Por otro lado, el editor del periódico Amanecer Habanero, Julián Guillermo, fue citado e interrogado durante tres horas en la Unidad Territorial del Capri y amenazado de ser llevado a prisión si no deja su actividad periodística.
El interrogatorio estuvo dirigido en conocer el paradero de los demás medios de producción periodística que no fueron decomisados en el allanamiento que realizaron a la sede de Amanecer Habanero el pasado 19 y donde se llevaron arrestado a su director Daniel González.
“Los oficiales de la Policía Política que se identificaron con los grados y nombres Tte. Michel y Tte. Maycol, me acusaron de actividades provocativas y contrarrevolucionarias en contra de la Seguridad del Estado y me amenazaron con  procesarme por un supuesto el delito de receptación, debido a la compra de varias piezas para armar una computadora, equipo que será presumiblemente por los oficiales, utilizado en beneficio del medio informativo Amanecer Habanero” explicó Julian Gillermo, quien también fue amenazado de ir a prisión por un supuesto delito de peligrosidad pre delictiva por el que pudiera cumplir hasta 4 años de privación de libertad.
Del mismo modo, este 22 de junio están siendo interrogados en la Unidad de Instrucción Policial de Sancti Spíritus la directora del medio de comunicación comunitario El Espirituano y el director de Capacitación del ICLEP, Orlidia Barceló y Pedro Luis Hernández, respectivamente. La vivienda de ambos periodistas permanece vigilada por personas desconocidas desde el pasado martes 19.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa pide un SOS a favor de sus medios de comunicación y periodistas, quienes sufren el latrocinio y la violación de sus derechos a la libertad de prensa de forma impune y ante el silencio atroz de gobiernos democráticos, organismos y entidades que defienden la libertad de expresión y prensa a nivel regional e internacional.

APRUEBA CONGRESO DE EEUU FONDOS PARA LA DEMOCRACIA EN CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA



El presidente Donald Trump recibido por el legislador Mario Díaz-Balart y el senador Marco Rubio en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 16 de abril de 2018.
$15 millones para Cuba y $ 20 millones para Venezuela aprobó el Senado, mientras que la cámara baja destinó $30 millones para Cuba y $15 millones para Venezuela, en parte frutos de la labor de los cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart
El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron para el año fiscal 2019 aumentos significativos con respecto a los fondos solicitados por el Ejecutivo para la promoción de la democracia y la sociedad civil en Cuba y Venezuela.
Los respectivos proyectos de ley para financiar al Departamento de Estado, dependencia del gobierno que canaliza la ayuda, asignan $20 millones para la promoción de la democracia en Venezuela y $15 millones para Cuba en el caso de la cámara alta, y $30 millones para Cuba y $15 millones para Venezuela en la cámara baja.
El Departamento de Estado había solicitado $10 millones para los programas pro democracia cubanos y $9 millones para Venezuela.
Las cantidades asignadas por ambas cámaras pueden ser modificadas por un comité bicameral de conciliación.
El diario El Nuevo Herald destaca el papel del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en asegurar los fondos en ese cuerpo legislativo, y el de Mario Díaz Balart, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara, en la partida aprobada por los representantes.
En una nota de prensa emitida por su oficina, Rubio expresó:"Como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Asignaciones del Senado, apoyo la diplomacia estadounidense y el desarrollo internacional. Me comprometo a garantizar que los diplomáticos y los profesionales de la seguridad nacional de nuestra nación cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo su importante labor, incluidos los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo".
Rubio también aseguró $5 millones para la promoción de la democracia y el apoyo a la sociedad civil en Nicaragua, país estremecido por la crisis política y la violencia del gobierno de Daniel Ortega en los últimos dos meses.
Mario Diaz-Balart, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, en declaración oficial, tras la aprobación del proyecto de ley de Operaciones Estatales y Extranjeras del año fiscal 2019 , afirmó:

"Me complace votar a favor de esta legislación que protege nuestros intereses de seguridad nacional y apoya a los aliados incondicionales como Israel. Aborda la trata de personas aumentando los fondos para ayudar a combatir el crimen y sus perpetradores. A medida que el pueblo de Cuba y Venezuela continúa en su lucha por la libertad, se incluyen fondos para promover la democracia, el estado de derecho y fortalecer a la sociedad civil. Además, continuamos nuestros rígidos estándares para asegurar que Colombia trabaje para disminuir la producción de coca, un factor significativo en el tráfico de drogas".
Las dos cámaras, por otra parte, acordaron mantener intacto el presupuesto de $29 millones de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), que comprende a Radio y TV Martí y martinoticias.com.
(Con información de la Oficina del Senador Marco Rubio y El Nuevo Herald)

ACUSAN A EX YERNO DE RAÚL CASTRO DE COODINAR TRÁFICO DE DROGAS

Ex yerno de Raúl Castro estaría coordinando tráfico de drogas desde Venezuela




Luís Alberto Rodríguez López-Callejas (izq), Presidente de GAESA, acompaña al ex presidente de Angola José Eduardo Dos Santos, en un recorrido por el puerto del Mariel, dnde tiene fuerte presencia el holding militar-empresarial cubano
Rolando Cartaya
Citando a un oficial militar venezolano en activo, el Embajador Roger Noriega aseguró el miércoles a congresistas de EE.UU. que quien está coordinando el tráfico internacional de cocaína a través del puerto venezolano de La Guaira es nada menos que el general de Brigada y presidente del grupo militar-empresarial cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.
Citando a un oficial militar venezolano en activo, el veterano diplomático estadounidense Roger Noriega informó el miércoles a congresistas de EE.UU. que quien está coordinando el tráfico internacional de cocaína a través del puerto venezolano de La Guaira es nada menos que el General de Brigada y presidente del grupo cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas.
La comprometedora referencia al exyerno de Raúl Castro y ejecutivo principal del citado pulpo militar-empresarial fue presentada en un segmento de la intervención del Embajador Noriega ante el panel “Exigiendo responsabilidades a los dirigentes cubanos”, convocado por el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
El analista especializado en asuntos interamericanos precisó que el militar venezolano a quien no identifica) informó el mes pasado sobre el asunto a funcionarios de organismos policiales de EE.UU. Rodríguez López-Callejas, quien estuvo casado con la segunda hija del exgobernante cubano, Deborah Castro Espín, estaría al mando del personal militar cubano (no venezolano) asignado al despacho del estupefaciente principalmente hacia Europa y África occidental.
(Hasta ahora la denuncia más contundente sobre la conexión cubana en el tráfico de drogas desde Venezuela habría sido la de Leamsy Salazar.


Nicolás Maduro con los jefes de las fuerzas armadas de Venezuela.
Nicolás Maduro con los jefes de las fuerzas armadas de Venezuela.
Salazar fue por diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez y tras la muerte de este, de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional y sindicado de ser el jefe del llamado Cartel de los Soles que involucra a altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En 2015 Salazar llegó a Estados Unidos. Entre sus denuncias Salazar vinculó a Cuba con esas prácticas delictivas, en concreto de dar protección y asistencia en algunas de las rutas que permiten llevar la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos).
Otro oficial venezolano, citado ante el Congreso por el ex secretario de Estado Adjunto para las Américas del gobierno de George W. Bush, describió la presencia de campamentos de las narcoguerrillas colombianas ubicados en las profundidades del territorio venezolano, y que son responsables del tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos y otros mercados a través de puertos del Caribe.
Esta fuente explicó a un agente estadounidense que los oficiales militares cubanos destacados en Venezuela han ordenado a las fuerzas de seguridad interna que no se acerquen a estos campamentos guerrilleros ni interfieran con sus operaciones.
En su exposición titulada “Hora de confrontar la cadena de crímenes internacionales de Cuba”, Noriega cita un reciente ensayo del experimentado periodista y escritor Christopher Dickey, actual editor de noticias Internacionales del diario The Daily Beast.
Dickey señala que después de que Cuba se hiciera indispensable para Hugo Chávez, poniendo a su disposición su contrainteligencia para eliminar a los opositores, La Habana cimentó una alianza entre el gobierno de Chávez y las organizaciones guerrilleras colombianas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), convertidas en exitosas empresas de tráfico de cocaína hasta el día de hoy, cuando dicen querer poner fin a su lucha armada. Así nació el Cartel de los Soles, llamado así por las insignias solares en los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, y que involucra a por lo menos .
Así, agentes cubanos que han desempeñado un papel sin paralelo en el aparato de seguridad interno de Venezuela se han involucrado naturalmente en las actividades de contrabando de drogas de la familia Maduro y sus secuaces del régimen, Cabello y el vicepresidente Tareck El-Aissami, ya sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en el tráfico de narcóticos.
Entre sus recomendaciones a los formuladores de políticas en EE.UU. el analista incluye castigar con sanciones de la Ley Magnitski de 2012, diseñada contra narcotraficantes, corruptos y violadores de derechos humanos de todo el mundo, a funcionarios cubanos de toda la cadena de mando, incluidos los que operan en Venezuela.
Aunque la ley prevé negativas de visas y congelaciones de activos difíciles de aplicar en el caso de los cubanos, el diplomático apunta que algunos se verán afectados en sus tratos con otras entidades que entran en contacto con el sistema financiero estadounidense. Y por otra parte, dice Noriega, “el estigma de una sanción de EE. UU.es una poderosa herramienta psicológica, especialmente cuando el culpable es llamado por su nombre y avergonzado ante la comunidad internacional”.
Roger Noriega, actualmente experto invitado del grupo de análisis American Enterprise Institute, subtitula su enfoque sobre la conexión cubano-venezolana “El ejército de ocupación cubano en Venezuela: el que la rompe la debe”.